El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, suscribió con su par chino, Nur Bekri, un convenio en el que ratifican el trabajo conjunto en el proyecto de la IV Central Nuclear en la Argentina.

El convenio firmado el 3 de febrero de 2015 entre el Ministerio de Planificación Federal,  la National Energy Administration (NEA) y la China National Nuclear Corporation (CNNC) forma parte de la Segunda Reunión de Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica Argentina-China, realizada en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, con la presencia de funcionarios de la República Popular China y de la República Argentina.

Esta ratificación del acuerdo entre los gobiernos de ambos países encomienda a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa pública propietaria y operadora de las centrales nucleares de potencia del país, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, y a la CNNC continuar con los trabajos pertinentes para firmar los contratos comerciales y disponer, así, de los préstamos a ser otorgados por organismos financieros de China.

El Ministerio de Planificación Federal informó que NA-SA, en calidad de propietario y arquitecto-ingeniero estará a cargo del pre-proyecto, del diseño, construcción, puesta en marcha y operación comercial de la nueva central nuclear de potencia, y que la industria nacional participará con el 70% del suministro de componentes. Mientras que la CNNC proveerá equipos, bienes y servicios que requiera la industria argentina.

La IV Central Nuclear “Atucha III” empleará un reactor del tipo tubos de presión, de tecnología CANDU, que emplea uranio natural como combustible y es moderado y refrigerado con agua pesada, similar al que se encuentra en la Central Nuclear Embalse. Según fuentes oficiales, tendrá una potencia instalada de 800 MWe y será construido en el Complejo Nuclear Atucha. El proyecto demandará 8 años y una inversión pública de AR$ 32.000 millones correspondientes a obras, suministros de componentes locales y montajes electromecánicos, más US$ 2.000 millones que corresponderán a suministros y servicios de procedencia extranjera.

(3/02/2015)